La Unión Europea publicó el pasado 21 de junio su informe anual 2020 sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo como también los informes país.

Esta es la traducción de cortesía del informe relativo a Bolivia:

Estado Plurinacional de Bolivia

1. Panorama general de la situación de los derechos humanos y la democracia: Bolivia enfrentó muchos desafíos en 2020 mientras se preparaba para una transición democrática después de las elecciones anuladas de 2019. Con el estallido de la pandemia de COVID-19 a mediados de marzo, el gobierno interino impuso una cuarentena rígida a nivel nacional hasta septiembre. En un contexto de turbulencia política y también como resultado de la crisis socioeconómica causada por la pandemia y las diferencias políticas por fechas electorales cambiadas en varias oportunidades debido al COVID-19, las tensiones políticas y sociales aumentaron y la situación de los derechos humanos se vio afectada negativamente.

En parte gracias al apoyo de mediación de la UE junto con la ONU y Alemania bajo el patrocinio de la conferencia episcopal boliviana, se evitó más violencia y se aliviaron las tensiones. Las misiones electorales internacionales, incluida la Misión reforzada de Expertos Electorales de la UE, confirmaron que el día de las elecciones (18 de octubre 2020) y la transición del poder a un nuevo gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) se desarrollaron, en general, con calma y paz.

El nuevo gobierno ha expresado su compromiso de mejorar la situación de derechos humanos en el país, incluyendo la acogida de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir de noviembre para investigar posibles violaciones de derechos humanos ocurridas en el país entre septiembre y diciembre de 2019. Se enviaron las primeras señales para la posible reapertura de una oficina del ACNUDH en Bolivia, para emprender una reforma judicial de emergencia y fortalecer la respuesta a la violencia de género, que ha sido una seria preocupación durante años.

Bolivia ha ratificado los principales tratados internacionales y regionales, y la legislación nacional se ajusta en general a los estándares internacionales. Los siguientes problemas siguen siendo motivo de gran preocupación: violencia contra mujeres y niños (especialmente durante la cuarentena rígida); debido proceso; prisión preventiva y derechos de las personas detenidas; trabajo infantil (agravado por la suspensión del año escolar y las luchas económicas familiares por el COVID-19); libertad de expresión e impunidad por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la falta de financiamiento y la débil capacidad institucional, incluida la turbulenta situación política y las consecuencias de la pandemia del COVID-19, siguieron siendo los principales desafíos para la implementación de los derechos humanos. La consolidación presupuestaria prevista y la reducción del gasto social continúan poniendo en peligro los derechos económicos y sociales, que ya están debilitados.

2. Acción de la UE - áreas de enfoque clave: de acuerdo con el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia 2020-2024 y la estrategia de la UE, en 2020 la UE se centró en Bolivia en la protección y el empoderamiento de las personas, y en particular: en el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas y la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y niños. La UE fue particularmente activa en el apoyo al proceso electoral democrático y a la promoción de la reconciliación.

La "Hoja de ruta de la UE para el compromiso con la sociedad civil" para 2019/2022 se publicó en diciembre de 2020. La implementación ya ha comenzado con diálogos y consultas sectoriales sobre el posible apoyo financiero de la UE.

La UE pidió en repetidas ocasiones que se reduzcan las tensiones y un diálogo político inclusivo como base para organizar elecciones democráticas. La UE también apoyó el fortalecimiento de la democracia mediante el despliegue de una Misión reforzada de Expertos Electorales para las elecciones, que publicó una serie de recomendaciones, incluidas las relativas a los derechos humanos y a la participación de las mujeres.

Los instrumentos de financiación específicos de la UE y las iniciativas de los Estados Miembros apoyaron la cooperación técnica en las tres prioridades estratégicas.

3. Compromiso político bilateral de la UE: la UE siguió abordando sus prioridades en un diálogo regular con las autoridades bolivianas, destinado, entre otras cosas, a avanzar en la reforma del sector judicial, mejorar la situación de los derechos humanos de los niños, los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, abordar la violencia de género y garantizar la libertad de expresión y los medios de comunicación.

Además, en el marco del seguimiento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG +), se destacaron los mensajes sobre derechos humanos y valores democráticos, incluida la independencia de la justicia y la no discriminación, con especial atención a la violencia contra las mujeres y los niños, el trabajo infantil y la lucha contra la corrupción.

En respuesta a las incertidumbres políticas y la polarización, la UE, bajo el liderazgo de la conferencia episcopal y junto con Alemania y la ONU, asumió el papel de facilitador proporcionando una plataforma neutral para negociar pasos hacia un camino pacífico que sentara las bases para unas nuevas elecciones. Como resultado, se aprobaron varias leyes que permitían la organización de elecciones creíbles y se pudo establecer un Tribunal Electoral independiente, lo que garantizaría las elecciones creíbles, inclusivas y transparentes del 18 de octubre.

4. Compromiso financiero de la UE: en 2020, se puso en marcha un programa de 3 millones de euros "Acceso a la justicia para todos y reforma del sistema" en cooperación con España y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La UE también lidera el Grupo de Coordinación Internacional sobre Justicia, que reúne a los Estados miembros de la UE, Suiza y agencias de la ONU, y ha consolidado un diálogo regular con el gobierno y la sociedad civil sobre estos temas. Además, la UE está acompañando la reforma judicial a través de dos proyectos en curso de apoyo a la sociedad civil (2,3 millones de euros) en materia de promoción y seguimiento de políticas.

En 2020, la UE desarrolló el apoyo más completo al proceso electoral dentro de la comunidad internacional a través de diferentes iniciativas: la UE brindó asistencia técnica al Tribunal Electoral y apoyó una misión de observación nacional de ONG durante las elecciones de 2020. Estos proyectos continuarán durante las elecciones subnacionales de 2021.

Se ejecutaron dos proyectos en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) por un total de 1,5 millones de euros para promover y proteger a los defensores de los derechos humanos. En diciembre de 2020 se aprobó un proyecto regional sobre empresas y derechos humanos para fortalecer los derechos humanos en el sector minero (1,5 millones de euros).

En 2020, la UE seleccionó un proyecto centrado en mejorar el acceso a la salud integral para los pueblos indígenas. Otro proyecto, implementado por una plataforma de ONG, tiene como objetivo promover y proteger a los defensores de los derechos humanos en cuatro áreas, a saber, los derechos de los pueblos indígenas, junto con los derechos ambientales, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión. Un presupuesto de 400.000 euros apoya y protege a los defensores a nivel local y comunitario.

La UE puso en marcha un proyecto de apoyo al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en la lucha contra la violencia de género. Además, la UE está financiando un proyecto con Organizaciones de la Sociedad Civil para promover una asignación presupuestaría sensible al género y tres acciones de IEDDH centradas en: la lucha contra la violencia de género y el acoso político, la promoción de la participación de las mujeres en los partidos políticos y la lucha contra la violencia política, y un proyecto regional de lucha contra la violencia contra las personas LGBTI, que cubre Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

5. Contexto multilateral: El tercer Examen Periódico Universal del país se llevó a cabo en el cuarto trimestre de 2019 y suscitó una serie de preocupaciones, entre las que se incluyen restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos, impunidad por violaciones de derechos humanos, detención preventiva excesiva, limitaciones a los derechos del niño y de la mujer, y recomendaciones sobre los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. En 2020, el gobierno interino envió su respuesta rechazando varias recomendaciones, particularmente en los campos de los defensores de los derechos humanos o el trabajo infantil. No hubo ratificaciones de instrumentos de derechos humanos en 2020 y varias organizaciones de derechos humanos informaron que la implementación de las recomendaciones aceptadas se estaba quedando atrás.

En noviembre, un grupo independiente de Expertos Independientes Interdisciplinario, establecido sobre la base de un acuerdo entre el Gobierno interino y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegó a Bolivia para investigar posibles violaciones de derechos humanos en el país entre septiembre y diciembre de 2019. El informe se espera seis meses después de su llegada.