Misión de Acompañamiento a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales de 2026

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea a los procesos de selección y nombramiento de autoridades judiciales y electorales de 2026 concluyó su tercera visita al país. Durante la misma, observó avances importantes en los procesos de renovación de autoridades, tal como la decisión del Congreso de la República de realizar entrevistas públicas para la nominación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.

Asimismo, la Misión valora positivamente la decisión de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de reconsiderar la tabla de gradación atendiendo a diferentes criterios técnicos, que pueden favorecer una mejor valoración de los perfiles de los aspirantes. La Misión subraya la responsabilidad de los decanos de las facultades de Derecho en la Comisión y manifiesta su confianza en que ejercerán su mandato con la independencia y el rigor que la sociedad espera del prestigio del sector universitario, orientando su voto hacia la selección de candidaturas de probada idoneidad y reconocida honorabilidad. La Misión recuerda que, más allá de la tabla de gradación, los miembros de una comisión de postulación están obligados, conforme a la normativa aplicable, a analizar y votar por los distintos candidatos atendiendo a sus méritos, capacidad y honradez.

Sin embargo, la Misión continúa expresando su preocupación en la medida en que ha recibido información creíble de que diferentes actores estarían pretendiendo obstaculizar la transición de autoridades en las instituciones sujetas a renovación, o a favorecer a candidaturas que han estado vinculadas con actuaciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, o que intentaron impedir la transferencia pacífica del poder en 2023. Ante esta situación, la Misión ha recomendado a la Unión Europea que analice con detenimiento la información disponible y que, de ser pertinente, haga uso de las herramientas de las que dispone para responder a las dinámicas identificadas. Entre estas medidas podrían contemplarse, entre otras, la revisión - y posible ampliación - de la lista de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones de la Unión Europea, en el marco del régimen de medidas restrictivas adoptado para el caso específico de Guatemala.

En un contexto global cada vez más adverso a la democracia, la Unión Europea mantiene un interés primordial en apoyar a los socios con quienes comparte valores y principios. La estabilidad política, la seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos, son factores que inciden de manera directa en el desarrollo de las relaciones políticas y económicas entre regiones y países. En este sentido, Guatemala ha sido y continúa siendo un socio importante para la Unión Europea, que busca profundizar esta relación contribuyendo al desarrollo económico y sostenible del país. Esto continuará siendo posible en la medida en que se consoliden instituciones confiables, transparentes y alejadas de estructuras e intereses antidemocráticos vinculados a la corrupción, la captura institucional o el crimen organizado.