Desde sus orígenes en la década de 1950, han existido grandes disparidades sociales, económicas y territoriales en la Unión Europea (UE), que podían constituir obstáculos a su integración y su cohesión. Por lo tanto, se han creado progresivamente políticas y fondos para reducirlas: desde 1957, en el sector social y agrícola; luego, para las regiones económicamente más débiles, en transición o ultraperiféricas (1975) y los Estados miembros más desfavorecidos (1994). Más recientemente se han desarrollado instrumentos de apoyo a la transición verde y tecnológica. Esos instrumentos van de la mano con la política de convergencia económica y social, tan importante en una unión monetaria como la Eurozona. De esta manera, la UE se esfuerza en cerrar brechas entre sus Estados miembros, así como dentro de ellos.

Para alcanzar estos objetivos, impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida, la UE ha reservado 392 mil millones de euros para inversiones locales para el periodo 2021-2027, lo que representa más de la tercera parte de su presupuesto normal. Si tenemos en cuenta que, además, gran parte de las inversiones financiadas por el programa europeo de inversión pospandémico “NextGenerationEU” están destinadas a la cohesión, este monto es aún muy superior. Las inversiones se administran en un esfuerzo conjunto entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales o regionales, a través de fondos específicos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (centrado en el desarrollo social y económico), el Fondo Social Europeo (para apoyar la creación de empleo y una sociedad socialmente inclusiva), el Fondo Europeo de Cohesión (centrado en el medio ambiente y el transporte) y el Fondo de Transición Justa (que apoya a las regiones más afectadas por la transición verde). Esos fondos han permitido avances significativos en áreas múltiples como la investigación y la innovación, la economía digital, las pequeñas y medianas empresas, el medio ambiente, la infraestructura, el mercado laboral, la inclusión social y el capital humano.

La política de cohesión de la UE ha tenido éxitos extraordinarios. Irlanda, Grecia, España y Portugal han sido, históricamente, los primeros beneficiarios, realizando progresos rápidos a partir de las dos últimas décadas del pasado siglo. De la misma manera, la brecha en ingreso per cápita entre países de Europa central y oriental y el resto de la UE se redujo de manera sustancial. Polonia, por ejemplo, pasó de tener un ingreso per cápita de 50% de la media europea en 2004, año en el que ingresó a la UE, a 79% en 2022, entre otros factores gracias al considerable apoyo que recibió de la UE.

El proceso de convergencia socioeconómica se extiende también a aquellos países que tienen vocación en integrarse a la Unión. Para apoyar a los países candidatos (Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldava, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania) a prepararse a una futura adhesión eventual, la UE moviliza recursos importantes, en particular a través del instrumento de ayuda preadhesión, dotado de más de 14 mil millones de euros para 2021-27.

La política de cohesión es la máxima expresión de la solidaridad entre europeos: entre Estados miembros, territorios, categorías sociales. Se expresa también, en términos financieros, por el hecho de que los Estados miembros más ricos contribuyen más al presupuesto europeo que los demás, mientras los Estados miembros más desfavorecidos son los que más se benefician de este presupuesto. Este principio de solidaridad, consagrado en los tratados fundacionales de la UE y que tiene múltiples puntos de aplicación, representa un elemento crucial para el éxito continuo del proyecto europeo desde hace más de 70 años.

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