La corrupción, en todas sus formas, es un fenómeno global que daña gravemente nuestras sociedades, nuestras democracias y nuestras economías, y que cuesta, al menos, 5% del PIB mundial. Este flagelo no sólo socava los esfuerzos globales para lograr la buena gobernanza y la prosperidad, sino que también obstaculiza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aunque múltiples índices ubican a muchos Estados miembros de la Unión Europea (UE) como los países menos corruptos a nivel mundial, la corrupción sigue siendo una preocupación para las y los europeos, de acuerdo con encuestas del Eurobarómetro. Si bien es difícil de calcular, existen estimaciones que sugieren que la corrupción cuesta a la economía de la UE alrededor de 120 mil millones de euros al año.

Prevenir y combatir con éxito la corrupción es esencial para salvaguardar el Estado de derecho y la confianza en quienes gobiernan y en las instituciones públicas, así como para tener credibilidad al exterior. Convencida de que se debe erradicar la corrupción en casa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió en 2022 a actualizar el marco legislativo para combatir la corrupción.

Hace un par de semanas, la Comisión presentó un paquete de propuestas para cumplir con esta promesa. Integrando la prevención de la corrupción en el diseño de las políticas y programas de la UE, plantea apoyar activamente el trabajo de los Estados miembros para implementar políticas y leyes anticorrupción sólidas.

Este paquete incluye propuestas de normas nuevas y reforzadas que tipifican los delitos de corrupción y armonizan las penas en toda la UE. Poniendo el foco en la prevención y el fomento de una cultura de integridad, también contempla la creación de una red de la UE contra la corrupción, que reuniría a autoridades públicas y policiales, sociedad civil y otros actores, y cuya tarea sería encontrar áreas donde exista mayor incidencia y riesgo de corrupción. El trabajo de esta red permitiría desarrollar, en conjunto con los dos colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo, la primera estrategia anticorrupción en la UE.

Algunas otras propuestas son: garantizar la existencia de herramientas preventivas clave sobre conflictos de intereses y declaración de bienes; definiciones ampliadas de todos los delitos penales procesados como corrupción, tanto en la esfera pública como privada; la posibilidad de aplicar medidas adicionales más severas, como multas y la exclusión del acceso a financiación pública, ocupar cargos públicos o presentarse a elecciones; asegurar la investigación y enjuiciamiento efectivos por corrupción; mejorar la cooperación transfronteriza entre autoridades competentes; y la recopilación de datos para supervisar la aplicación de la ley.

Para contribuir al combate a la corrupción a nivel mundial, el paquete incluye una propuesta del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para establecer un régimen de sanciones contra los actos graves de corrupción en todo el mundo, cuando dichos actos afecten o pongan en riesgo los valores, los intereses fundamentales, la seguridad, la independencia y la integridad de la UE. Esto incluye actos graves de sobornos y malversación. En estos casos, la UE podría prohibir a los responsables, sus asociados y quienes faciliten dichos actos la entrada a su territorio y congelar sus activos en la UE.

La corrupción es como el cáncer: si se deja crecer sin freno, terminará asfixiando las sociedades democráticas y destruyendo sus instituciones. El nuevo paquete anticorrupción de la UE demuestra su determinación de intensificar la acción para prevenir y combatir la corrupción en la UE y más allá.

Leer en Excélsior.