La invasión a gran escala a Ucrania por parte de Rusia provocó en 2022 importantes alzas en los precios de la energía en toda la Unión Europea (UE). Esto se debió al funcionamiento actual del mercado de la electricidad de la UE, según el cual el precio de la electricidad se basa en el coste de los combustibles fósiles utilizados para la generación de electricidad, lo cual no considera la creciente transición hacia energías renovables ni los periodos de crisis. Para evitar perturbaciones de precios en el futuro, la Comisión Europea presentó propuestas en marzo de 2023 para remodelar el mercado de la electricidad.

El Parlamento Europeo y el Consejo, que juntos forman el Poder Legislativo de la UE, alcanzaron la semana pasada un acuerdo provisional al respecto, que cada institución tendrá que refrendar en las próximas semanas para que la reforma entre en vigor. El objetivo es hacer que los precios de la electricidad dependan menos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, proteger a los consumidores, particularmente de las subidas bruscas de precios, y acelerar la implantación de las energías renovables. Este acuerdo se suma a otro alcanzado en noviembre sobre un reglamento centrado en mejorar la protección de la Unión contra la manipulación del mercado gracias a un mejor control y una mayor transparencia.

Con la reforma, los ciudadanos dispondrán de más opciones al firmar un contrato de electricidad, ya sea con precio fijo y duración determinada o, por el contrario, con precios dinámicos, con la posibilidad de combinar ambas opciones. Se protegerá mejor a los consumidores vulnerables: en caso de crisis, se podrán reducir en mayor medida los precios para los clientes desfavorecidos. Los gobiernos garantizarán que haya suficientes proveedores de último recurso, de modo que ningún consumidor se quede sin electricidad.

El sector privado también se beneficiará: las empresas tendrán precios más estables gracias a contratos a largo plazo. Los productores de energía también tendrán ingresos más estables. Las inversiones en nuevas instalaciones de generación de electricidad basadas en energía eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica (sin embalse) y nuclear se estructurarán como “contratos bidireccionales por diferencia”: si los precios de mercado salen de un rango definido por la entidad pública competente, el productor recibirá la diferencia o, en caso contrario, la devolverá para que se distribuya entre los clientes. Por un lado, se garantizará así un rendimiento mínimo de las inversiones y, por el otro, se evitarán costes excesivos en caso de que se produzca otra crisis.

Las nuevas normas también facilitarán la integración de las energías renovables en el sistema, incluso a escala local (por ejemplo, la energía procedente de paneles solares podrá venderse a los vecinos). Además, la generación de energías renovables será más fácil de predecir (mediante nuevas obligaciones de transparencia para los gestores de redes y una mayor capacidad de supervisión del mercado de la energía). De este modo se podrán mantener los precios bajo control y cumplir los ambiciosos objetivos climáticos establecidos por la UE en el paquete de medidas Objetivo 55, que pretende reducir en al menos 55% las emisiones de gases con efecto invernadero hasta 2030. La energía solar y la eólica se duplicarán con creces de aquí a esta fecha.

Con esta reforma, la UE consolidará su modelo de economía social y ecológica de mercado: una economía competitiva y basada en la libre competencia, pero con mecanismos que garanticen la prevalencia del interés general, la sostenibilidad y la protección de los más vulnerables.

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