La campaña busca llegar a la población hondureña con el propósito de evidenciar la vulneración de los derechos humanos en el contexto de la pandemia y crear conocimiento y comprensión sobre los sus estándares, especialmente en materia de salud (acceso a servicios preventivos, salud sexual y derechos reproductivos, prevención de la violencia basada en género, etc.). De igual forma, se pretende evidenciar las necesidades de protección de los derechos humanos y de políticas para el acceso a la justicia.

Los mensajes están dirigidos, especialmente, a redes municipales de mujeres, pobladores indígenas Lenca y Maya Chortí, defensores y defensoras de los DDHH y líderes y lideresas comunitarias. Los mensajes se plasman en diversos productos como infografías, spots de radio, videos, testimonios, entre otros que serán difundidos en medios de comunicación masivos y redes sociales. También incluye productos para ser distribuidos entre la población a quien se pretende sensibilizar.

Esta campaña es parte del proyecto “Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia por COVID-19 en Honduras”, mismo que es financiado por la Unión Europea y ejecutado por DIAKONIA en consorcio con la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), Coalición contra la Impunidad (CCI) y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

Este proyecto realiza acciones a nivel nacional en 19 municipios de los departamentos de Copán, Lempira, Choluteca, Valle, Santa Bárbara y con acciones concretas en parte de Francisco Morazán.

Dentro de los pilares de este proyecto, se contemplan dos resultados:
 

1.    Grupos de mujeres, defensores/a de DDHH, pueblos indígenas y sus organizaciones territoriales se han fortalecido internamente, mejorando sus conocimientos para la construcción de demandas colectivas usando las herramientas de exigibilidad para acceder y ejercer los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) más vulnerados en el contexto de la pandemia.
 

2. Las organizaciones y redes de sociedad civil han potenciado y mejorado sus mecanismos de participación, diálogo, veeduría e incidencia hacia las instancias públicas locales, nacionales e internacionales, para promover la creación y cumplimiento de medidas de protección social y políticas inclusivas para la mitigación y recuperación frente a la pandemia por COVID-19, desde una perspectiva de género y enfoque basado en Derechos Humanos.