DECLARACIÓN PRELIMINAR

Elecciones bien administradas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en un país pendiente de reformas institucionales profundas

 

Asunción, 24 abril 2018

 

La declaración preliminar de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) es entregada antes de que concluya todo el proceso electoral. Faltan por completar etapas esenciales, incluyendo el escrutinio final y la resolución de recursos. La MOE UE sólo está en condiciones de comentar en este momento la observación realizada hasta la fecha, y publicará posteriormente un informe final, que incluirá un análisis completo y recomendaciones para la mejoría de futuros procesos electorales.

 

Sumario

• El 22 de abril los paraguayos votaron en seis elecciones para elegir al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso (Senado y Cámara de Diputados), gobernadores, miembros de juntas departamentales y representantes de Parlasur. La jornada electoral transcurrió de forma organizada y tranquila con mesas de votación que siguieron los procedimientos asegurando la integridad y la transparencia del proceso. Copias de actas de resultados fueran distribuidas a los apoderados de las agrupaciones políticas. La evaluación general del proceso de cierre y conteo fue considerado bueno o muy bueno en un 88% de los casos observados y la transparencia del proceso como bueno o muy bueno en el 89% en las mesas de votación observadas.

 

• El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ha gozado de la confianza en su desempeño técnico y en su capacidad de administrar las elecciones, a pesar de ser considerado como politizado. El TSJE demostró un considerable nivel de preparación para la administración del proceso electoral y capacidad a la hora de conducir operaciones claves.

 

• El TSJE se enfrentó a varios desafíos en la administración de las elecciones, incluyendo la falta de un mecanismo efectivo para asegurar la implementación de sus decisiones por los niveles inferiores de la administración electoral y control limitado sobre las últimas fases del proceso electoral. La MOE UE consideró que el TSJE fue equilibrado en las decisiones cruciales relacionadas con las diferentes agrupaciones políticas. Por el contrario, las decisiones de algunos tribunales y juzgados electorales se basaron en preferencias políticas y, en algunas ocasiones, sobrepasaron sus mandatos. Por ejemplo, algunos tribunales electorales transgredieron las instrucciones del TSJE sobre la composición de las juntas cívicas. La falta de control y confianza en las juntas cívicas, vistas como el campo de batalla entre agrupaciones políticas y de dudosa rendición de cuentas, plantea dudas sobre su contribución positiva al proceso electoral.

 

• Los candidatos pudieron hacer campaña sin restricciones. La campaña fue de bajo perfil en comparación a elecciones anteriores. La campaña en las redes sociales reemplazó de forma significativa los métodos tradicionales de campaña. La MOE UE observó casos de utilización de recursos públicos para fines de campaña electoral y presión indebida a funcionarios públicos para que contribuyeran financieramente en campañas electorales y asistieran a eventos.

 

• Las elecciones se desarrollaron en un contexto de debilidad institucional, falta de confianza en las estructuras políticas e inercia judicial. La falta de confianza en las instituciones se agravó por la inclusión de candidatos acusados de corrupción y de tráfico de influencias en las listas de los partidos, así como también por la iniciativa legislativa de la ley conocida como autoblindaje por el Congreso, percibida por el público como una armadura para proteger a los legisladores de la perdida de investidura.

 

• El marco legal electoral es en algunos ambitos ambiguo y contradictorio, en muchos casos sobrepasando disposiciones constitucionales, resultando en inseguridad jurídica. La causa principal de esto parece ser la falta de respecto generalizada de las agrupaciones políticas por las leyes y el poder judicial. La interpretación de las disposiciones jurídicas depende de las fuerzas políticas de mayor representación en el Congreso y es públicamente reconocido que sirven a intereses personales y políticos. El poder judicial es ampliamente percibido como politizado y sujeto a la presión y al control político.

 

• La falta general de respuesta de la Corte Suprema a las apelaciones electorales dio lugar a incertidumbre sobre temas fundamentales, tales como la elegibilidad de expresidentes para candidatarse al Senado o la composición de las juntas cívicas. El Congreso no siempre acata las decisiones del poder judicial, lo que amenaza el estado de derecho, afectando negativamente el equilibrio y la separación de poderes.

 

• El monitoreo de los medios de la MOE UE reveló que los dos candidatos principales monopolizaron la cobertura de la campaña electoral en los medios. Los restantes candidatos presidenciales no recibieron casi ninguna cobertura. Mientras que los medios privados cubrieron la campaña a través de entrevistas, programas de debate y publicidad de pago, los medios públicos solo otorgaron espacio gratuito como está estipulado por la ley. Los canales SNT y RPC y el periódico La Nación fueron visiblemente críticos con el candidato de la oposición, mientras que los restantes medios monitoreados demostraron un enfoque más equilibrado hacia los principales candidatos presidenciales. Los medios digitales contribuyeron para que los electores pudieran tomar una decisión más informada.

 

• Existe desigualdad en la participación de las mujeres y su representación en el ámbito político debido al escaso apoyo público al empoderamiento de las mujeres. Ninguna mujer fue candidata a la presidencia y solo una a la vicepresidencia. De las 15.597 candidaturas, 6.031 eran mujeres, un equivalente al 38,6%. Las posiciones inferiores ocupadas por mujeres en las listas de los candidatos indican que su representación en los órganos recién elegidos será mucho más baja.

 

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) ha estado presente en Paraguay desde el 13 de marzo siguiendo una invitación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La Misión está encabezada por la Jefa de Misión, Renate Weber, miembro del Parlamento Europeo. En total, la MOE UE desplegó a 96 observadores de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea, Canadá y Noruega en todo el país para evaluar todo el proceso electoral de acuerdo con las obligaciones internacionales y los compromisos para elecciones democráticas, así como con las leyes del Paraguay. Una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por José Ignacio Salafranca, miembro del Parlamento Europeo, también se unió a la Misión y respalda esta declaración. El día de las elecciones, los observadores visitaron más de 440 mesas receptoras de voto para observar la votación y el conteo. La MOE UE es independiente en sus resultados y conclusiones y se adhiere a la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones firmado en las Naciones Unidas en octubre de 2005.

 

Contexto

El 22 de abril los paraguayos votaron en seis elecciones para elegir al presidente, vicepresidente, miembros del Congreso (Senado y Cámara de Diputados), gobernadores, miembros de asambleas departamentales y representantes de Parlasur. Un total de 61 agrupaciones políticas disputaron las elecciones generales. A pesar del considerable número de participantes, el proceso electoral estuvo dominado por el Partido Colorado – Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Frente Guasú. Tras unas elecciones primarias muy disputadas en diciembre de 2017, el Partido Colorado presentó como candidato presidencial a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez para vicepresidente. El PLRA, el Frente Guasú y otras agrupaciones políticas presentaron una candidatura presidencial conjunta, con el nombre de Alianza Ganar, con Efraín Alegre y Leo Rubín como candidatos.

Las elecciones de 2018 se desarrollaron en un ambiente político caracterizado por una debilidad institucional, falta de confianza en las estructuras políticas e inercia judicial. El sistema judicial se reconoce, incluso por los dos principales candidatos presidenciales, como fácilmente influenciable por pactos entre partidos políticos y el poder judicial y por estar sujeto a presiones políticas. La falta de confianza en las estructuras de los partidos políticos y en las instituciones se intensificó por el hecho de que candidatos acusados por corrupción y tráfico de influencias se mantuvieron en las listas de los partidos y de que el Congreso intentara aprobar el proyecto de la ley 6039/18, comúnmente conocida como de autoblindaje aumentando considerablemente los requisitos para que los miembros del Congreso pierdan la investidura. La inercia del poder judicial para abordar los desafíos de las elecciones dio como resultado una inseguridad jurídica con relación a temas fundamentales, tales como la elegibilidad de expresidentes para candidatarse al Senado y la composición de las juntas cívicas.

 

Marco legal

La generalizada falta de respeto de las agrupaciones políticas a las leyes y al poder judicial dificultó el equilibrio y la separación de poderes

El marco legal electoral es en algunos ámbitos ambiguo y contradictorio, en muchos casos sobrepasando disposiciones constitucionales, resultando en inseguridad jurídica. La causa principal parece ser la actitud de falta de respecto de las agrupaciones políticas a las leyes y al poder judicial. La interpretación y la aplicación de las disposiciones jurídicas dependen de las fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso y es públicamente reconocido que sirven a intereses personales y políticos. Las decisiones de la Corte Suprema, el único organismo responsable de la interpretación de las disposiciones constitucionales, no siempre son implementadas por el Congreso, afectando el equilibrio y la separación de los tres poderes del Estado. El poder judicial es ampliamente percibido como politizado y sujeto a la presión y al control político.

La ausencia de un mecanismo sancionatorio efectivo provoca la irrelevancia de algunas disposiciones legales, como es el caso de los delitos electorales. Además, la Corte Suprema no llegó a abordar a tiempo las acciones de inconstitucionalidad planteadas al proceso electoral dentro del plazo legal de 15 días. Los casos que cuestionaron las candidaturas de los expresidentes fueron resueltos en una fase tardía del proceso, mientras que el caso relacionado con la composición de las juntas cívicas nunca fue abordado.

En 2014, el TSJE entregó un proyecto de ley modificando las leyes electorales con propuestas que habrían beneficiado al proceso electoral. Sin embargo, el proyecto no recibió ninguna atención en el Congreso.

 

Administración Electoral

Elecciones bien administradas a pesar de la ausencia de un mecanismo efectivo que asegurara la implementación de las decisiones del TSJE y control limitado sobre las últimas fases del proceso

Hubo confianza en el desempeño técnico del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), así como en su capacidad para administrar las elecciones, a pesar de ser percibido como politizado. El TSJE demostró un nivel considerable de preparación para la administración del proceso electoral y capacidad a la hora de ejecutar operaciones claves tales como la planificación de la transmisión de los resultados, la impresión de los boletines de voto y la distribución del material electoral.

El TSJE se esforzó en administrar un proceso inclusivo y transparente. Los representantes de los partidos políticos pudieron seguir y estar informados sobre las operaciones electorales. La MOE UE tuvo acceso permanente a la información solicitada y a las instalaciones y departamentos del TSJE. En niveles inferiores de la administración electoral, los observadores de la UE gozaron del mismo nivel de cooperación con los tribunales electorales y juzgados electorales.

El TSJE se enfrentó a varios desafíos en la administración de las elecciones, incluyendo la falta de un mecanismo efectivo que asegurara la implementación de sus decisiones por los niveles inferiores de la administración electoral y control limitado sobre las últimas fases del proceso electoral, específicamente en el día de la votación.

La MOE UE consideró que el TSJE tomó decisiones equilibradas en temas cruciales que afectaban a diferentes agrupaciones políticas. Mientras que aceptó las candidaturas al Senado de expresidentes mayormente del Partido Colorado, el TSJE también incluyó al Frente Guasú en las juntas cívicas, ocupando uno de los puestos atribuidos al Partido Colorado. Por el contrario, las decisiones de algunos tribunales y juzgados electorales se basaron en preferencias políticas y, en algunas ocasiones, sobrepasaron sus mandatos. Tras una queja enviada por el Frente Guasú reclamando su derecho a ser representado en las juntas cívicas, las cuales son designadas de acuerdo con la representación de agrupaciones políticas en el Congreso, el TSJE instruyó a las juntas cívicas a incluir un miembro del Frente Guasú. Aunque la mayoría de las juntas cívicas acataron esta instrucción, algunos tribunales electorales y juntas cívicas se mantuvieron constantemente reacios a cumplirla.

El TSJE tiene un control limitado sobre la capacidad de los miembros de las mesas de votación, así como sobre el conocimiento y la aplicación congruente de los procedimientos electorales. El TSJE no tiene la obligación de capacitar a los miembros de mesa. En la práctica, las agrupaciones políticas respectivas proporcionan la formación. En el día de la votación las mesas electorales son la única instancia encargada de gestionar las quejas.

La falta de confianza en las juntas cívicas, responsables de la entrega de las actas de resultados electorales, aumentó la importancia del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Los resultados de las elecciones del presidente y gobernadores fueron transmitidos y agregados utilizando el TREP. Los resultados de la elecciones de los miembros del Congreso fueron introducidos y registrados en el sistema TREP a través del escaneo de las actas. Estas actas se harán publicas. Esto ha otorgado más garantías al TSJE de que obtendría los resultados originales de las mesas de votación. La falta de control y confianza en las juntas cívicas, consideradas el campo de batalla de las agrupaciones políticas y de dudosa rendición de cuentas, plantea dudas sobre su contribución positiva al proceso electoral.

La última actualización del padrón electoral concluyó en junio de 2017. Se registraron un total de 4.241.507 votantes, lo que supuso un incremento de 725.234 nuevos votantes desde las últimas elecciones. Los paraguayos residentes en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España pudieron registrarse en línea, alcanzando los 38.170 electores. No hubo denuncias oficiales relacionadas con el padrón electoral. Un número de restricciones impuestas sobre el derecho al voto no cumplen con los principios internacionales sobre el derecho a la participación política. Estas incluyen, entre otras, la inhabilitación de los sordomudos que no pueden hacerse entender, personas detenidas y los estudiantes de institutos de enseñanza militares y policiales.

 

Registro de Candidatos

La incertidumbre legal sobre la elegibilidad de expresidentes como candidatos al Senado prevaleció a lo largo de todo el proceso electoral

Diez organizaciones políticas disputaron las elecciones presidenciales. Un total de 29 agrupaciones políticas presentaron listas de candidatos al Senado, mientras que 50 listas fueron presentadas para la Cámara de Diputados. Un total de 29 organizaciones políticas compitieron al Parlasur.

El proceso electoral se desarrolló en un ambiente de incertidumbre legal en cuanto a la elegibilidad de los expresidentes para candidatarse al Senado, debido al fallo tardío de la Corte Suprema. Se presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la decisión del TSJE de aceptar candidaturas. El 11 de abril la Corte Suprema confirmó la decisión del TSJE. Sigue siendo incierto si el nuevo Congreso electo respetará la decisión de la Corte Suprema o se negará a juramentar a los expresidentes, por consiguiente, ignorando la decisión de la Corte Suprema. Independientemente de la cuestión, el hecho de que el Congreso no siempre siga las decisiones del poder judicial da lugar a una debilidad institucional en la que el estado de derecho y el equilibrio de poderes se encuentran amenazados.

Se observaron divergencias dentro de los partidos políticos con respecto a la presencia de candidatos acusados por corrupción en sus listas para el Congreso. Los partidos políticos esperaban que estos candidatos renunciasen voluntariamente a su candidatura y que no tuviesen que utilizar los mecanismos internos del partido para retirarlos de las listas. La MOE UE cree que no hubo suficiente voluntad política para retirar a estos candidatos y los partidos utilizaron como excusa las dificultades en la implementación de los mecanismos internos establecidos en sus estatutos. Esto reveló debilidades en las estructuras políticas de los partidos.

 

Campaña Electoral

Campaña electoral de bajo perfil con un financiamiento más transparente, aunque sin mecanismos efectivos de monitoreo y sanción

La campaña política fue históricamente de bajo perfil en comparación con las elecciones anteriores, incluyendo las primarias del pasado diciembre. Al contrario que la ANR, PLRA y Frente Guasú, agrupaciones políticas más pequeñas tuvieron una reducida o nula presencia. Se observaron algunos mítines de mayor  dimensión pero la mayoría de la campaña se realizó de puerta a puerta y en pequeñas reuniones a nivel local. Esto fue diferente a las primarias de diciembre que estuvieron muy disputadas y generaron una masiva movilización y participación de votantes en campañas extremadamente costosas. Los contendientes fueran reacios a gastar todos sus recursos financieros en la campaña, más bien se concentraron en reservar fondos suficientes para el día de las elecciones, incluyendo el pago a los miembros de las mesas y apoderados. También, es una práctica común que los partidos políticos faciliten el transporte de los votantes a los locales de votación y les ofrezcan “incentivos financieros” antes de votar. Las redes sociales reemplazaron en gran medida a los métodos tradicionales para hacer campaña.

El Presidente Cartes hizo campaña como candidato al Senado mientras aún se encontraba en su cargo. La MOE UE observó casos en los cuales los recursos del Estado fueron utilizados para campañas electorales. Esto incluyó el uso de programas sociales del estado, la distribución de medicinas y la presión indebida sobre funcionarios públicos para que contribuyeran financieramente en las campañas electorales y asistieran a eventos del partido gobernante durante horario laboral.

La ley 4743/12 que regula el financiamiento político fue aplicada por primera vez en estas elecciones generales. Apuntando a una implementación más efectiva de la ley, el TSJE promulgó una reglamentación por la cual las agrupaciones políticas debían abrir una cuenta bancaria, designar a un administrador financiero y declarar sus gastos al TSJE. Los partidos políticos tienen derecho a un subsidio estatal para hacer campaña, el cual es pagado solamente después de las elecciones basado en la cantidad de votos obtenidos. Esto provoca que partidos con limitado poder económico acudan a solicitar  préstamos bancarios para financiar sus actividades de campaña.

La ley sobre el financiamiento de campañas es un paso positivo hacia la transparencia, sin embargo no se aplica en las elecciones primarias y persiste una ausencia de mecanismos efectivos de monitoreo y de sanción. Aunque el TSJE sea el responsable de verificar el cumplimiento de las reglas de financiación de la campaña de las agrupaciones políticas, la ley no le otorga suficientes poderes para controlar la financiación para acometer este mandato.

 

Medios de Comunicación

Paisaje mediático diverso con independencia editorial limitada

Un gran número de medios de comunicación opera en Paraguay. Sin embargo, la concentración de la propiedad de los medios en manos de unos pocos empresarios debilita el pluralismo y posiblemente la independencia editorial. A pesar de la existencia de una prohibición constitucional que impide a los candidatos ser propietarios de medios de comunicación, varios de ellos ejercen influencia sobre medios propiedad de sus familiares cercanos.

El monitoreo de medios realizado por la MOE UE reveló que la campaña electoral a nivel presidencial estuvo monopolizada por los dos principales candidatos presidenciales. La prensa dedicó 57% de la cobertura a Mario Abdo Benítez y 43% a Efraín Alegre.  De la misma manera, los medios audiovisuales ofrecieron 57% al candidato Colorado y 43% al candidato de la Alianza Ganar.

Los medios privados cubrieron la campaña utilizando diversos formatos - entrevistas, programas de debate y publicidad de pago – mientras que los medios públicos solo otorgaron espacio de campaña gratuito según la ley. Estos últimos también aumentaron la difusión de contenido institucional centrándose en los logros del gobierno a medida que se acercaba el día de las elecciones. Mientras que los canales SNT y RPC y el periódico La Nación fueron visiblemente críticos con el candidato de la oposición, los restantes medios monitoreados demostraron un tratamiento más equilibrado hacia los dos contendientes principales. Los medios digitales fueron una importante fuente de información política y electoral, incluidas las redes sociales, contribuyendo a que los votantes pudieran hacer una elección más informada.

El único debate presidencial entre los dos candidatos principales tuvo lugar una semana antes de las elecciones, siendo ampliamente transmitido por los canales de televisión, radio y medios digitales. Algunos candidatos aprovecharon el espacio gratuito otorgado por la ley, pero la mayoría prefirió transmitir sus mensajes de campaña a través de las redes sociales. La MOE UE notó falta de claridad en distinguir entre publicidad política gratuita y de pago en los medios audiovisuales monitoreados. Algunos medios no cumplieron con la obligación de cobrar tarifas iguales por publicidad política a todos los contendientes. La MOE UE no está al tanto de quejas oficiales en relación con los medios de comunicación. Sin embargo, no existe un mecanismo de sanción para abordar los delitos relacionados con los medios.

 

Participación de las Mujeres

El escaso apoyo al empoderamiento de las mujeres obstaculizó los esfuerzos para lograr una equidad de género en la escena política

Ninguna mujer fue candidata a la presidencia y solo una a la vicepresidencia. De las 15.597 candidaturas, 6.031 eran mujeres, un equivalente al 38,6%. El posicionamiento de las candidatas en los últimos lugares de las listas dará lugar a una menor representación en los nuevos órganos recién elegidos.

Para el Senado, solo 5 de las 29 listas estuvieron encabezadas por mujeres y para la Cámara de Diputados sólo 46 de las 760 listas. Además, entre los 133 candidatos a gobernador sólo 11 fueron mujeres.

Las declaraciones de los candidatos, particularmente del Presidente, desalentando las reclamaciones de equidad no contribuyen a la promoción de la igualdad de oportunidades en el derecho a presentarse a las elecciones. Además, los movimientos y grupos de mujeres que abogan por la igualdad son frecuentemente estigmatizados y a menudo objeto de insultos y comentarios denigrantes. La igualdad de derechos políticos y la participación en la vida pública de hombres y mujeres es uno de los principios para la organización de elecciones creíbles a los cuales Paraguay se ha comprometido al ratificar en 1992 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer en 1987.

 

Participación de Pueblos Indígenas

Prevalece la baja representación de los pueblos indígenas en el proceso electoral

No existen cifras oficiales sobre el registro de electores indígenas, lo que dificulta la posibilidad de analizar su inclusión en la vida pública. Sin embargo, como consecuencia de las campañas de sensibilización sobre el registro civil, el número de votantes de comunidades indígenas ha aumentado. Nunca ha sido elegido un representante político indígena. Para las elecciones de 2018, el Movimiento Político Indígena Plurinacional del Paraguay (MPIP) presentó algunas candidaturas.

 

Personas Discapacitadas

Se han realizado esfuerzos para la inclusión de votantes discapacitados

Dando cumplimiento a una recomendación de la MOE UE 2013, el TSJE realizó esfuerzos para la inclusión de personas discapacitadas. En las elecciones generales de 2018, algunos de los candidatos pertenecen a este grupo. Los electores con movilidad reducida pudieron registrarse en línea para votar en locales de votación accesibles o desde sus domicilios. En total, 5.319 personas se registraron para votar en locales de votación accesible y 409 se registraron para votar desde casa. El TSJE también puso a disposición en cada centro de votación planillas en braille y materiales en lenguaje de señas.

 

Jornada Electoral

Ambiente organizado y tranquilo con mesas de votación que siguieron los procedimientos asegurando la integridad y la transparencia del proceso

La MOE UE observó la jornada electoral en 440 mesas de votación en todo el país. La mayoría de las mesas observadas abrieron a tiempo o con un retraso de 30 minutos. La mayoría de las mesas estaban compuestas por 3 miembros: un representante de ANR y del PLRA y un tercero de UNACE o de Frente Guasú. Entre ellos, existió una considerable representación de mujeres. La votación se llevó a cabo en un ambiente organizado y tranquilo. La votación fue evaluada positivamente por la MOE UE en el 98% de las mesas. Actividades proselitistas y puestos de partidos políticos fueron observados en algunos casos en las inmediaciones de los locales de votación. Los representantes de los partidos políticos, mayormente de ANR y PLRA y, en menor medida, de Frente Guasú, estuvieron presentes en las mesas de votación. Los observadores de la UE informaron de una baja presencia de observadores nacionales. Las mesas de votación siguieron los procedimientos establecidos asegurando la integridad y transparencia de la votación. Se observó una protección inadecuada del secreto del voto en algunas mesas debido a su disposición inapropiada. La actuación de los miembros de mesa de votación fue en su mayoría evaluada como buena o muy buena. A pesar de largas filas, los votantes que esperaban al momento del cierre de las mesas pudieron votar. La mayoría de los locales de votación fueron accesibles para personas discapacitadas. A lo largo del día se anunciaron bocas de urna violando la ley que establece que la publicación de las mismas debe ser realizada solamente una hora después de finalizada la votación.

El conteo de votos se inició inmediatamente tras el cierre en las mesas de votación observadas. La integridad del proceso de conteo fue suficientemente asegurada y los procedimientos establecidos fueron seguidos. Copias de las actas fueron distribuidas a los representantes de las agrupaciones políticas. La evaluación general del proceso de cierre y conteo fue bueno o muy bueno en el 88%  de los casos observados y la transparencia del proceso fue calificada como buena o muy buena en el 89% de las mesas observadas. Las actas fueron escaneadas y transmitidas al TSJE a través del TREP tras el conteo.

20182404_informe_preliminar_esp.docx.pdf

 

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Para más información, contactar con:

Silvia de Félix, Responsable de Prensa y Comunicación de la MOE UE – Paraguay 2018

Tel. (+595) 983 125 596 

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