Cuidado de los Recuros Hídricos
UNIÓN EUROPEA:
La Unión Europea ha ido desarrollando una legislación sobre el agua, entendiendo que se trata de un recurso limitado (solo el 3% de todo el agua de la Tierra es agua dulce, de la cual menos del 1% es agua potable), del que depende tanto la vida humana como la actividad y el crecimiento económico.
El ciclo del agua, además, enfrenta una serie retos que deben estar presentes en su regulación, como es el cambio climático y la contaminación. El cambio climático mediante las sequías e inundaciones extremas afecta a la disponibilidad de los recursos hídricos. Además, el almacenamiento de agua terrestre en los últimos 20 años (humedad del suelo, nieve y hielo) ha ido disminuyendo a un ritmo de 1cm por año, lo que tiene grandes implicaciones en el suministro. La contaminación y sobreexplotacion de los recursos ejerce presión sobre ríos, lagos y otras masas de agua.
La Directiva Marco sobre Agua (DMA), es desde el 2000 la normativa principal en la UE para la protección del agua. Obliga a los Estados Miembros a proteger y/o restaurar las masas de agua para que esten en buen estado, así como a impedir el deterioro de los ecosistemas acuáticos. Todo ello, con el objetivo de proporcionar a la población suficiente agua de buena calidad. Se trata de un marco general de actuación basado en principios comunes.
La Directiva Marco sobre el Agua está respaldada por otras dos Directivas centradas, respectivamente, en las aguas subterráneas y en las aguas superficiales.
Para que estos objetivos se abordasen de forma coordinada, se puso en marcha la Estrategia Común de Aplicación (ECA) que pretende garantizar una implementación coherente y armoniosa de las diferentes directivas en la materia, y coordinar a los Directores Generales del Agua de los Estados Miembros y Noruega.
Pese a esta regulación, un informe de febrero del 2025, exponía que “el 34 % de la UE se ve afectado por la escasez de agua, solo el 37 % de las masas de agua superficiales tiene un buen estado ecológico y menos del 30 % tiene un buen estado químico”. Por ello, surge una necesidad de seguir avanzando en la protección del agua, aprobándose a finales del año pasado la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.
Esta estrategia incorpora la necesidad de modernizar la infraestructura, de promover un sistema de alerta temprana ante eventos extremos, de favorecer la restauración del ciclo del agua (reparando ecosistemas dañados), y enfatiza la necesidad de disminuir las desigualdades en el acceso al agua.
Toda la legislación europea se alinea con el compromiso establecido por la UE ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el objetivo 6, «garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos». Y, además, la Unión Europea se compromete a través de multiples acuerdos internacionales que establecen obligaciones en materia de protección de las aguas marinas frente a al contaminación.
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URUGUAY:
Uruguay es uno de los primeros países en el mundo que incorporó a nivel constitucional el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales.
En el Artículo 47, se establece que: “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso a agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.” La protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad se exponen como principios básicos, en un artículo que declara que “las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal”.
Este artículo supone la base para el desarrollo de una legislación cuyo marco normativo es la Política Nacional de Aguas (Ley Nº18.610), que supone el marco jurídico de la gestión del agua en Uruguay. Para el país, la regulación del agua supone una gran prioridad, para garantizar el consumo humano, pero también para el sector agropecuario, tan relevante en la economía del país.
Esta política establecía la necesidad de crear un Plan Nacional de Aguas, que sirviera como instrumento esencial en la gestión práctica e integrada del recurso. Aprobado en 2017 (tras un proceso de elaboración que inició en 2010), este documento supone un gran avance, pues introduce objetivos más actuales como el desarrollo sostenible (Uruguay se ha comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas) y la gestión del riesgo de inundaciones y sequías.
La sequía del 2020,expuso la necesidad de seguir avanzando en una legislación que debe introducir medidas preventivas ante el cambio climático y posibles eventos extremos que alteren el ciclo hidrológico. Con este fenómeno, Uruguay tuvo en el sector agropecuario pérdidas equivalentes al 3% del PIB nacional, y enfentró una crisis de abatecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Este evento demuestra la gran exposición de Uruguay ante fenómenos como “El Niño” y “La Niña”, y su vulnerabilidad hídrica.
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GENERAL:
Tanto la UE como Uruguay, están desarrollando su legislación propia en un contexto de especial vulnerabilidad hídrica no solo por el cambio climático, sino también por el impacto de la tecnología. Según Naciones Unidas, la huella hídrica de los centros de datos en 2030 será la misma que la necesaria para toda la población de África subsahariana (1300 millones de personas). Esta realidad afecta en gran medida tanto a Uruguay como a la UE, que buscan desarrollarse como hub de innovación.
Frente a este contexto de escasez, surgen nuevas oportunidades y soluciones para garantizar una mayor eficiencia y aprovechamiento de este recurso. Como ejemplo, podemos destacar el Reglamento de Reutilización del Agua de la UE, que promueve la economía circular en este sector (las aguas residuales urbanas regeneradas utilizarlas para el riego agrícola). También se están investigando formas de convertir las aguas residuales en energía verde, y ya existen procesos de extracción de nutrientes utilizados como fertilizantes agrícolas posteriormente.
En Uruguay, la innovación en los procesos de producción agropecuaria supone una prioridad, pues la escasez de agua amenaza este sector tan importante en el PIB nacional. Se están instaurando tecnologías de gestión inteligente del riego, sensores de humedad o ajustando las dosis de fertilizantes para contribuir a un uso más eficiente del agua.
En definitiva, ante un reto compartido entre ambas partes, están surgiendo diferentes oportunidades de transformación para conseguir una gestión sostenible del agua, y disminuir la vulnerabilidad hídrica. Compartir buenas prácticas y cooperar en innovación supone un beneficio mutuo y un área en el que se puede seguir avanzando.
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