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DECLARACIÓN PRELIMINAR

Elecciones bien organizadas con retos pendientes

Asunción, 4 de mayo de 2023

Esta declaración preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) se divulga antes de la finalización de todo el proceso electoral. Quedan etapas críticas, como la tabulación de los resultados y la resolución de los recursos. En este momento, la MOE UE sólo está en condiciones de comentar la observación realizada hasta la fecha, y más adelante publicará un informe final, que incluirá un análisis completo y recomendaciones para futuras mejoras de los procesos electorales.

Sumario

• El 30 de abril los paraguayos y paraguayas eligieron presidente y vicepresidente, miembros del Congreso, gobernadores y miembros de las juntas departamentales. Un total de 9.092 candidatos participaron en las elecciones, 13 de los cuales fueron candidatos presidenciales con sus respectivos candidatos vicepresidenciales. La participación de mujeres como candidatas fue en torno al 30 por ciento en el Congreso, el 35 por ciento en las juntas departamentales, pero solo el 13 por ciento en las gobernaciones. Solo una mujer compitió por la presidencia y seis por la vicepresidencia.
• Las elecciones transcurrieron en un clima altamente polarizado, en el cual predominó la desconfianza en las instituciones del Estado y las estructuras políticas. La narrativa de la campaña estuvo marcada por graves acusaciones de corrupción que implicaron a altos funcionarios del Estado, así como por una extendida preocupación por la creciente influencia del crimen organizado y el tráfico de drogas en la política. Nombramientos recientes en instituciones clave del Estado -Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Fiscal General del Estado y Corte Suprema de Justicia- aumentaron la confianza de la opinión pública en instituciones más responsables.
• La MOE UE evaluó la gestión general de las operaciones de votación como bueno o muy bueno en el 94 por ciento de las mesas receptoras de voto observadas y describió el proceso como transparente. La disposición de la mayoría de las mesas observadas garantizó en gran medida el secreto del voto. Las máquinas de votación funcionaron generalmente sin problemas en la mayoría de las mesas. Casos aislados de problemas técnicos menores se resolvieron con prontitud. Los observadores de la UE reportaron casos de voto asistido contrario a las disposiciones legales en el 19 por ciento de las mesas receptoras de voto visitadas. Estos casos incluyeron a votantes a los que se asistió sin que tuviesen una discapacidad patente y a veedores de los partidos asistiendo a votantes. Las mesas receptoras de voto visitadas se conformaron con un 38 por ciento de miembros de ANR, un 38 por ciento de PLRA y un 20 por ciento del Frente Guasú.
• En el 19 por ciento de las mesas observadas, los equipos de observación de la MOE UE reportaron actividades ilegales en un perímetro de 200 metros, incluidos materiales y actividades de campaña, y presencia de puestos de partidos. También se observó el transporte organizado de votantes. La MOE UE observó directamente siete casos de compra de voto y otros cinco de indicios de compra de votos.
• A falta de una reforma legislativa más amplia, recientemente se introdujeron modificaciones en el marco legal que rige las elecciones, abordando algunas de las deficiencias señaladas por anteriores MOE UE. Entre ellas se incluyen la eliminación de criterios restrictivos sobre el derecho a votar y la introducción de nuevas disposiciones sobre financiamiento de campañas electorales aplicables a las elecciones primarias, destinadas a aumentar la rendición de cuentas. Siguen sin abordarse, sin embargo, otras cuestiones importantes como las medidas para facilitar la participación política de las mujeres, un marco jurídico adecuado que regule la participación de la observación electoral nacional y la despenalización de la difamación.
• La administración electoral a nivel central, el TSJE, demostró profesionalidad y transparencia en su manejo del proceso electoral. Los partidos políticos tuvieron acceso a todas las etapas de los preparativos y pudieron expresar sus preocupaciones a las autoridades electorales. La mayoría de estas preocupaciones fueron abordadas. Sin embargo, en ocasiones, preguntas relativas a aspectos técnicos sobre la tecnología electoral quedaron a veces sin respuesta.
• Se cuestionó la imparcialidad de tres jueces de los juzgados electorales, fundada en estrechos vínculos familiares confirmados con altos funcionarios y candidatos de ANR-Partido Colorado. El TSJE consideró que no había suficientes razones para recusarlos. Un total de 12 de los 30 puestos de magistrados de los tribunales electorales quedaron vacantes debido a la jubilación de sus titulares. El TSJE nombró como magistrados interinos a algunos de los jueces de los juzgados electorales y a magistrados de otros tribunales electorales. Dado que estos tribunales son responsables del cómputo provisorio de resultados, el TSJE emitió una resolución estableciendo procedimientos más flexibles para asegurar que el cómputo se iniciase sin la presencia de los tres magistrados al mismo tiempo.
• Las actividades tradicionales de campaña fueron escasas y desprovistas de propuestas políticas a lo largo de todo el período de campaña. Los observadores de la UE asistieron a 92 actos de campaña en todo el país, en su mayoría de menor entidad. Generalmente se respetaron las libertades fundamentales y los candidatos pudieron hacer campaña sin restricciones. El alto costo que implicó la campaña tanto en las elecciones internas como en las generales hizo que los candidatos recurrieran a actividades de campaña menores y a las redes sociales. La mayoría de los interlocutores dijo estar decepcionado por las consecuencias de la adopción del voto preferencial, dado que la competencia entre candidatos de la misma lista individualizó la campaña y contribuyó a la desaparición de una plataforma o manifiesto de partido a los que hacer referencia durante la campaña.
• La campaña en las redes sociales también fue deslucida. Más de la mitad de las publicaciones de los candidatos se limitaron a mostrar imágenes o fotos de sus actos de campaña o detalles de su vida personal. Casi ningún candidato presidencial o senatorial utilizó sus cuentas oficiales para lanzar ofensas a otros contendientes. El candidato presidencial Paraguayo Cubas, que hizo varios comentarios despectivos hacia sus rivales, fue la notable excepción. La cantidad de publicidad política pagada en Meta Platforms Inc. varió sustancialmente entre los candidatos presidenciales. Santiago Peña invirtió dos veces y media más que Efraín Alegre.
• A pesar del gran número de medios de comunicación que operan en el país, tres grandes grupos mediáticos concentran la propiedad privada de medios, cada uno de ellos con una clara línea editorial que domina el panorama de medios. Mientras que el Grupo Nación Media (La Nación y Canal Trece fueron muy críticos con los candidatos de la Concertación –con la mayor parte de su cobertura en términos negativos–, el grupo Zuccolillo (ABC Color y ABC Cardinal) utilizó un tono negativo hacia los candidatos de la ANR – Partido Colorado. Los canales de televisión del grupo Vierci, SNT y Telefuturo, ofrecieron una cobertura más neutral de los contendientes.
• Dos organizaciones, Alma Cívica y Decidamos, solicitaron al TSJE ser acreditadas como observación nacional, pero fueron rechazadas. Decidamos vio su petición denegada debido a la interpretación del TSJE según la cual las misiones de observación no deben hacer conteos rápidos. La MOE UE destaca el hecho de que Decidamos no pudiese participar oficialmente en el proceso electoral, lo que socavó la participación plena de la sociedad civil. La regulación de la observación nacional no proporciona un mecanismo expeditivo para apelar las decisiones del TSJE en materia de rechazo de acreditaciones.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) ha estado presente en Paraguay desde el 13 de marzo de 2023, tras una invitación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). La Misión está encabezada por el Jefe de Misión, Gabriel Mato, miembro del Parlamento Europeo. En total, la MOE UE desplegó en todo el país 124 observadores de 26 Estados miembros de la UE, más Canadá y Noruega, para evaluar todo el proceso electoral a la luz de las obligaciones y compromisos internacionales para elecciones democráticas, así como de las leyes de Paraguay. Una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por el eurodiputado Jordi Cañas, que suscribe plenamente esta Declaración, también se sumó a la Misión. La MOE UE es independiente en sus hallazgos y conclusiones, y se adhiere a la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional, aprobada en las Naciones Unidas en octubre de 2005.

Conclusiones preliminares

Antecedentes

El 30 de abril, los paraguayos y paraguayas eligieron presidente y vicepresidente, miembros del Congreso (Senado y Cámara de Diputados), 17 gobernadores y miembros de 17 juntas departamentales. Participaron en las elecciones un total de 42 organizaciones políticas, representadas por 9.092 candidaturas, 13 de las cuales fueron candidatos presidenciales con sus respectivos candidatos vicepresidenciales.

Las elecciones discurrieron en un entorno altamente polarizado, en el cual prevaleció la desconfianza en las instituciones del Estado y las estructuras políticas. La narrativa de la campaña estuvo marcada por graves acusaciones de corrupción que implicaron a altos funcionarios, así como por una preocupación generalizada en torno a la creciente influencia del crimen organizado y el tráfico de drogas en la política. Nombramientos recientes en instituciones clave del Estado fueron bien acogidos por la opinión pública, que aspira a instituciones más responsables. Estos se iniciaron con el nombramiento de dos nuevos ministros del TSJE, ambos con trayectorias muy respetables, así como con la designación del Fiscal General del Estado y un ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Marco legal y sistema electoral

A falta de una reforma legislativa más amplia, recientemente se introdujeron modificaciones en el marco legal que rige las elecciones[1], que abordan algunas de las deficiencias señaladas por anteriores MOE UE. Entre ellas se incluyen la eliminación de criterios restrictivos sobre el derecho a votar^[2], la introducción de nuevas disposiciones sobre financiamiento de campañas electorales aplicables a las elecciones primarias, destinadas a aumentar la rendición de cuentas, la inclusión de la figura jurídica de las concertaciones en la ley de financiamiento político o la introducción del derecho de voto para los paraguayos residentes en el extranjero, anteriormente ausente de la legislación^[3].

Siguen sin abordarse, sin embargo, otras cuestiones importantes, como las medidas para facilitar la participación política de las mujeres, un marco jurídico adecuado que regule la participación de la observación electoral nacional y la despenalización de la difamación para trasladarla a la jurisdicción civil, en consonancia con las normas internacionales sobre libertad de expresión y medios de comunicación.

Dentro del marco legal también se incluyen las resoluciones emitidas por el TSJE, que detallan los procedimientos y aspectos específicos del proceso electoral. No obstante, la publicación tardía de algunos de ellos, como los que reglamentan la auditoría del material de las mesas electorales o el cómputo provisorio de los resultados electorales, limitó el tiempo de los actores políticos para poder familiarizarse con las disposiciones.

En 2019 se aprobó, con el apoyo de la mayoría de las organizaciones políticas, una enmienda al sistema electoral que introdujo el llamado voto preferencial, en listas abiertas (cerradas y desbloqueadas) propuestas por los partidos para ambas cámaras del Congreso y para las elecciones de las juntas departamentales. Los votantes eligieron no sólo a la organización política, sino también al candidato o candidata de su preferencia dentro de la lista. La mayoría de los interlocutores de la Misión afirmaron sentirse decepcionados por las consecuencias de la adopción del voto preferencial. Inicialmente previsto para contener la presencia de candidatos con antecedentes corruptos, se percibió como una ventaja para hacer campaña de los candidatos con más recursos financieros.

Administración electoral

La administración electoral es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y de sus niveles inferiores: 10 tribunales electorales y 17 juzgados electorales. La Corte Suprema de Justicia actúa como la instancia de apelación más alta para las decisiones del TSJE, y la oficina del Fiscal General del Estado se ocupa de los delitos electorales. La MOE UE tuvo un excelente nivel de cooperación y acceso a la información de todas las instituciones del Estado, incluidos los niveles inferiores de los tribunales y los juzgados electorales.

La administración electoral a nivel central demostró profesionalidad y transparencia en su manejo del proceso electoral. Los partidos políticos tuvieron acceso a todas las etapas de los preparativos y pudieron expresar sus preocupaciones a las autoridades electorales. Desde mediados de marzo, el TSJE realizó auditorías a la tecnología de la votación y transmisión de resultados usadas en la elección. Estas consistieron en presentaciones detalladas a los apoderados de los partidos políticos con conocimientos técnicos en tecnología electoral, más que en verdaderas auditorías del sistema. La mayoría de los partidos políticos recibieron respuesta a sus preocupaciones y mostraron un nivel satisfactorio de confianza en la tecnología electoral usada. Sin embargo, Cruzada Nacional vio como algunas de sus inquietudes no fueron abordadas por el TSJE, particularmente la posibilidad de una verdadera auditoría del software de las máquinas de votación.

Se cuestionó la imparcialidad de tres jueces de los juzgados electorales, fundada en estrechos vínculos familiares confirmados con altos funcionarios de ANR-Partido Colorado. Aunque uno de estos jueces dimitió, los otros permanecieron en sus puestos, dado que el TSJE entendió que no había suficientes razones para recusarlos.

Un total de 12 de los 30 puestos de magistrados de los tribunales electorales quedaron vacantes debido a su jubilación. El TSJE nombró como magistrados interinos a algunos de los jueces de los juzgados electorales y a magistrados de los tribunales electorales, que formaron parte de ambas instancias simultáneamente. Esto tuvo un impacto menor durante los preparativos de la jornada electoral. Dado que estos tribunales son responsables del cómputo provisorio de resultados, el TSJE emitió una resolución estableciendo procedimientos más flexibles para asegurar que la tabulación se iniciase sin la presencia de los tres magistrados al mismo tiempo.

Registro de Votantes

El padrón electoral goza de una amplia confianza pública. Un total de 4.782.940 votantes estaban registrados para participar en las elecciones. Las mujeres representaron el 49 por ciento del padrón electoral y el 42 por ciento del electorado tuvo menos de 35 años. Fuera del país, 41.505 paraguayos se inscribieron para votar en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos.

En Paraguay, el voto es obligatorio y quienes se abstienen se enfrentan a una multa de Gs. 98.000 (en torno a 12 euros). Quedan exentas de la obligación las personas mayores de 75 años, las detenidas, las que padecen problemas de salud o las que aleguen razones profesionales (magistrados y funcionarios judiciales que participen en las elecciones u otros funcionarios públicos). El TSJE adoptó una resolución sobre los procedimientos para la aplicación de estas multas solo tres días antes de las elecciones.

Registro de candidaturas

Los requisitos de nacionalidad y edad impuestos al derecho de presentarse a las elecciones son razonables. Sin embargo, sigue vigente la prohibición de postularse como candidato independiente, incluso para la elección uninominal de presidentes y gobernadores. Esta prohibición es contraria a los principios internacionales sobre el derecho a postularse.

Un total de 9.092 candidatos y candidatas, en representación de 42 organizaciones políticas, presentaron sus candidaturas en un proceso inclusivo. A la presidencia concurrieron 13 candidaturas con sus respectivos vicepresidentes. Para las dos cámaras del Congreso, 1.350 candidaturas compitieron para el Senado y 2.108 para la Cámara de Diputados. Además, 113 candidaturas disputaron las gobernaciones y 5.495 las 17 juntas departamentales.

Entorno de campaña

Las actividades tradicionales de campaña se mantuvieron escasas durante todo el periodo de campaña. El alto costo que implicó la campaña tanto en las elecciones internas como en las generales hizo que los candidatos recurrieran a actividades menores y a las redes sociales, consideradas como un canal más asequible y eficaz. Los observadores de la UE asistieron a 92 pequeños actos de campaña a lo largo del país. Se respetaron las libertades fundamentales y los candidatos pudieron hacer campaña sin restricciones. La veda electoral de dos días se respetó y se retiraron los materiales de campaña en algunas municipalidades. La mayoría de los interlocutores dijeron estar decepcionados por las consecuencias de la adopción del voto preferencial, puesto que la competencia entre los candidatos de la misma lista, instigada por el voto preferencial, individualizó la campaña y contribuyó a la desaparición de un programa de partido o un manifiesto a los que hacer referencia durante la campaña.

Desde 2018 se introdujeron nuevas normas para el financiamiento de campaña, que extendieron el control financiero a las elecciones internas, aumentaron la trazabilidad de los fondos y dispusieron medidas para prevenir el blanqueo de dinero. Sin embargo, la verdadera capacidad de auditar las cuentas del TSJE es limitada. Los interlocutores expresaron una extendida preocupación de que los recursos financieros del crimen organizado y el tráfico de drogas pudiesen costear la campaña. La MOE UE no está en disposición de verificar estas alegaciones.

Medios de comunicación

A pesar del gran número de medios de comunicación que operan en el país, tres grandes grupos mediáticos privados concentran la propiedad de medios, cada uno de ellos con una clara línea editorial. La libertad de expresión y la libertad de prensa fueron respetadas durante el período electoral. Sin embargo, la negativa verbal de la jefa de prensa de la Concertación a facilitar el acceso de La Nación a un encuentro matutino de Efraín Alegre con la prensa dio lugar a que el Sindicato de Periodistas condenara públicamente este hecho como un intento de censura.

La Unidad de Monitoreo de Medios de Comunicación de la MOE UE cubrió el período de campaña comprendido entre el 20 de marzo y el 27 de abril. El tono utilizado para informar sobre los diferentes candidatos coincidió con la línea editorial de cada medio. El diario La Nación y Canal Trece (afín al Grupo Nación Media) fueron muy críticos con los candidatos de la Concertación, centrándose en acusaciones de corrupción que involucraban al candidato presidencial de la Concertación en su etapa como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, así como acusaciones contra la candidata a la vicepresidencia y su esposo. En total, el 93 por ciento de la cobertura de La Nación y Canal Trece para la Concertación tuvo un contenido negativo. Los interlocutores de la MOE UE identificaron el programa de televisión El Repasador, emitido por Canal Trece, como un programa que utiliza un lenguaje insultante contra los candidatos de la Concertación, sus familiares y contra un expresidente de Uruguay.

El diario ABC Color y la radio ABC Cardinal (Grupo Zuccolillo) utilizaron un tono negativo –un 63 por ciento y un 50 por ciento, respectivamente– para cubrir a los candidatos de ANR-Partido Colorado, relacionándolos con asuntos de corrupción ligados a las sanciones de Estados Unidos y la posibilidad de extradiciones. Los canales de televisión SNT y Telefuturo (Grupo Vierci) ofrecieron una cobertura más neutra de los contendientes. Radio Monumental (Grupo Vierci) informó ampliamente sobre el Frente Guasú –un 20 por ciento de su cobertura política–, en su mayor parte con tono neutro y positivo.

Los spots de campaña de las dos principales candidaturas presidenciales, ANR - Partido Colorado y Concertación, se emitieron regularmente en radio y televisión. Sin embargo, la mayor parte del resto de candidatos no usaron demasiado estos medios por su elevado coste y alegaron que las tarifas podían fluctuar de un candidato a otro, lo que es contrario a la normativa. Los medios animaron a los candidatos menos conocidos a pagar por su participación en programas y entrevistas. Sin embargo, los medios, especialmente los que emiten en el ámbito local, no identificaron esta cobertura como espacios pagados.

Redes sociales

La Unidad de Monitoreo de Redes Sociales de la MOE UE supervisó el período comprendido entre el 20 de marzo y el 27 de abril. Facebook fue la plataforma más utilizada por los candidatos para hacer campaña, seguida de Instagram y Twitter.

La campaña en las redes sociales fue deslucida y con poca presencia de propuestas políticas. Tan solo una décima parte de las publicaciones analizadas incluyeron propuestas de gobierno.

Más de la mitad de las publicaciones de los candidatos se limitaron a mostrar imágenes o fotos de sus actos de campaña o detalles de su vida personal. La Concertación desempeñó una estrategia de campaña más focalizada en las redes sociales, publicando varias propuestas de gobierno cada semana. La candidata a la vicepresidencia Soledad Núñez se involucró personalmente en responder a sus seguidores en las plataformas de redes sociales.

Casi ningún candidato presidencial o senatorial utilizó sus cuentas oficiales para lanzar ofensas a otros contendientes. El candidato presidencial Paraguayo Cubas fue la notable excepción. La Unidad de Monitoreo de Redes Sociales de la MOE UE identificó que la mitad del lenguaje ofensivo utilizado por los candidatos y organizaciones políticas en esta plataforma provino de la página oficial de Facebook del candidato Paraguayo Cubas, así como de la página oficial de su partido, Cruzada Nacional.

El análisis global de las repuestas a tuits en la plataforma Twitter reveló que Efraín Alegre fue el candidato más atacado, seguido de su candidata a la vicepresidencia, Soledad Núñez, con alegaciones de corrupción como principal foco de los ataques.

La cantidad de publicidad política pagada en Meta Platforms Inc. varió sustancialmente entre los candidatos presidenciales. Santiago Peña invirtió dos veces y media más que Efraín Alegre. Unas pocas páginas de Facebook que no estaban oficialmente afiliadas a ninguna candidatura política contrataron publicidad pagada en esta plataforma.

Participación de mujeres

La participación de las mujeres en la vida pública está garantizada por la Constitución. Sin embargo, no se aplican medidas positivas para fomentar su participación política en cargos electos. El Código Electoral establece una cuota mínima del 20% de mujeres en las estructuras de las organizaciones políticas. Sin embargo, no existe ningún mecanismo para exigir su cumplimiento a nivel interno de los partidos.

Aunque en la composición del TSJE no hay ninguna mujer, 10 de los 17 jueces de los juzgados electorales son mujeres y cinco de los 10 tribunales electorales están presididos por mujeres. El Corte Suprema de Justicia está compuesta por nueve miembros, de los cuales sólo uno es mujer.

Para las elecciones de 2023, sólo una mujer fue candidata a presidenta, y seis a la vicepresidencia. Para el Congreso, 419 mujeres concurrieron al Senado (31 por ciento del total de candidaturas), mientras que 637 lo hicieron a la Cámara de Diputados (30 por ciento). De las 113 candidaturas a gobernaciones, sólo 15 eran mujeres (13 por ciento) y 1.917 mujeres presentaron candidaturas para las 17 juntas departamentales (35 por ciento). Las mujeres candidatas representan el 33 por ciento del total, lo que significa una disminución respecto a las cifras de 2018 (39 por ciento).

Participación de pueblos indígenas

Según el Censo de Población de 2012, la población indígena se estima en 117.150 personas. Aunque la Constitución de Paraguay garantiza los derechos de los pueblos indígenas, la falta de un registro civil inclusivo de la población indígena repercute negativamente en su capacidad para ejercer sus derechos políticos. No existen cifras exactas sobre el número de candidaturas y electorado indígena que participan en las elecciones. El programa financiado por la UE "Derecho a la Identidad mediante acceso a la documentación oficial de los pueblos indígenas en Paraguay" pretende mejorar su inclusión en el Registro Civil. También proporcionó formación a unos 60 facilitadores indígenas para que sirvieran de enlace entre el TSJE y comunidades indígenas, alentando a su participación en las elecciones.

Participación de la sociedad civil y de los observadores nacionales

Dos organizaciones, Alma Cívica y Decidamos, solicitaron su acreditación como observadores nacionales al TSJE, pero les fue rechazada, lo que provocó la ausencia de observación nacional en esta elección. A Alma Cívica se le denegó la acreditación debido a la existencia de vínculos estrechos entre su junta directiva y la candidata vicepresidencial de la Concertación y su esposo, que fue, además, candidato al Senado. Decidamos preveía desplegar 800 observadores y hacer un conteo rápido, pero vio rechazada su petición por entender el TSJE que las misiones de observación electoral no están autorizadas a realizar un conteo rápido. La práctica de las misiones de observación nacional en Paraguay y en Latinoamérica es realizar este ejercicio[4]. La MOE UE subraya el hecho de que Decidamos no pudo participar de manera oficial en el proceso electoral, algo que socavó la participación plena de la sociedad civil en los asuntos públicos del país. La regulación de la observación nacional no proporciona un mecanismo expeditivo para apelar las decisiones del TSJE en materia de rechazo de acreditaciones.

Votación y conteo

Los equipos de observación de la UE visitaron 383 mesas receptoras de voto en todos los departamentos del país y en Asunción. Se observó la apertura en 46 de esas mesas, y el cierre y el conteo en 43. Los observadores de la UE reportaron que 96 por ciento de las mesas receptoras de voto observadas abrieron a tiempo o en un plazo de 30 minutos después del horario oficial de apertura. Los retrasos se debieron sobre todo a la falta de preparación de los miembros de mesa o a las dificultades de puesta en marcha de la máquina de votación. En el 39 por ciento de las mesas receptoras de voto se reemplazó a uno de los miembros originalmente designados. Los procedimientos de apertura se siguieron generalmente de manera transparente en casi todas las mesas. En general, los observadores de la UE evaluaron los procedimientos de apertura como buenos o muy buenos en 43 de las 46 mesas receptoras de voto observadas.

La MOE UE valoró la gestión general de las operaciones de votación como bueno o muy bueno en el 94 por ciento de las mesas receptoras de voto observadas y describió el proceso como transparente. La disposición de la mayoría de las mesas observadas garantizó el secreto del voto. Las máquinas de votación funcionaron generalmente sin problemas en la mayoría de las mesas. Los casos aislados de problemas técnicos menores se resolvieron enseguida. El incendio que destruyó las máquinas de votación y la consecuente reducción del número de mesas receptoras de voto provocó largas colas a lo largo del día. Los equipos de observación de la UE reportaron casos en que el voto asistido se proporcionó en contra de las disposiciones legales en el 19 por ciento de las mesas receptoras de voto visitadas. Estos casos incluyeron a votantes que recibieron asistencia sin que tuviesen una discapacidad patente y a veedores de los partidos asistiendo a votantes. Las mesas receptoras de voto estuvieron conformadas por un 38 por ciento de miembros de ANR, 38 por ciento del PLRA y 20 por ciento del Frente Guasú.

En el 19 por ciento de las mesas receptoras de voto, los equipos de observación de la UE reportaron actividades ilegales en un perímetro de 200 metros. Estas actividades comprendieron la existencia de materiales y actividades de campaña, y la presencia de puestos de partido. También se observó el transporte organizado de votantes. La MOE UE observó directamente siete casos de compra de votos y otros cinco indicios de compra de voto.

El conteo comenzó inmediatamente después del cierre de las mesas receptoras de voto y se siguieron los procedimientos en su mayoría. Los observadores de la UE evaluaron el proceso de conteo como bueno o muy bueno en 37 de los 43 casos de mesas visitadas. En 38 de ellas, los observadores de la UE describieron el proceso como transparente e informaron de que los miembros de mesa realizaron bien sus tareas en 32 de las mesas observadas. Los veedores y los miembros de mesa designados por los partidos recibieron copias de las actas de resultados de las mesas.

Las mujeres fueron el 66 por ciento de los miembros de mesa, con un porcentaje idéntico de presidentas de mesa. Los veedores de los partidos estuvieron presentes en todas las mesas receptoras de voto observadas, teniendo ANR la mayor presencia en el 88 por ciento de las mesas visitadas; PLRA, en el 24 por ciento; seguidos por un 11 por ciento de la Concertación, 12 por ciento de Cruzada Nacional y 9 por ciento del Frente Guasú.

La transmisión de los resultados preliminares se observó en 40 locales de votación y se evaluó como buena o muy buena en todos los casos. La transmisión estuvo bien organizada y fue transparente. La administración electoral empezó a publicar resultados del TREP media hora después del cierre de las mesas receptoras de voto, llegando al 99 por ciento del total de mesas en torno a las 21:00 horas.

El cómputo provisorio a nivel de los Tribunales Electorales comenzó el 1 de mayo. El 3 de mayo, el proceso había finalizado en ocho departamentos (Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones y Ñeembucú). Los equipos de observación calificaron los procesos de cómputo provisorio como bien organizados y transparentes, con presencia de los apoderados políticos durante el proceso. La MOE UE continuará observando el ciclo completo del cómputo provisorio en el resto de los nueve departamentos y Asunción, así como posteriormente el cómputo definitivo y juzgamiento de resultados por el TSJE.

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[1] Las elecciones se rigen por las disposiciones establecidas en la Constitución de 1992, el Código Electoral y otras leyes dispersas: la ley que reglamenta la Justicia Electoral (635/1995), la ley que crea la figura de las concertaciones (3212/2007), la ley orgánica departamental (426/1994), la ley que dispone la renovación total del Registro Cívico Permanente (772/1995 y sus modificaciones 5583/2016, 6951/2022), y la ley que regula el financiamiento político (4743/2012 y sus modificaciones 6167/2018 y 6501/2020). Otras disposiciones aplicables se encuentran en el Código Penal, el Código Civil, el Código Procesal Civil y la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental (5282/2014).

[2] La ley 6971/2022 eliminó la inhabilitación para votar de las personas con discapacidad auditiva y del habla que no puedan hacerse entender, y de los presos no condenados.

[3] Las modificaciones fueron introducidas por las leyes 6167/2018, 6501/2020 y 6951/2022.

[4] Bolivia (Tu voto cuenta, elección general de 2020), Ecuador (Participación Ciudadana, elecciones presidenciales 2017), Guatemala (Acción Ciudadana, elecciones generales de 2019), Honduras (Asociación para una Sociedad más Justa, elecciones generales 2009 y 2013), Perú (Transparencia, elecciones generales de 1995, 2000, 2001, 2006 y 2011), República Dominicana (Participación Ciudadana, todas las elecciones presidenciales entre 1996 y 2020).