El proceso de la Hoja de Ruta empezó en el 2014 y se mantiene hasta la actualidad. En el 2017, la Sociedad Civil ecuatoriana identificó prioridades que respondieron al nuevo contexto político del país. Es por esto que, para el periodo 2018-2020, gracias al esfuerzo de la cooperación internacional y una serie de organizaciones locales, regionales e internacionales, se definieron tres prioridades de trabajo orientadas hacia:  el Marco Normativo Habilitante; la Participación Ciudadana en la Gestión de lo Público; y el Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Los ejes buscan en suma que, partiendo de una iniciativa conjunta, se afiance la organización y resiliencia de la sociedad civil consolidando una instancia informada y participativa, tanto en sus actividades sectoriales como también en las temáticas relevantes para el país. En el campo normativo, por ejemplo, se pretende un reconocimiento de las principales problemáticas que afrontan las organizaciones de la sociedad civil por parte de los grupos parlamentarios, con el fin de incluir proyectos de ley que agilicen la consecución de alianzas público-sociales en su beneficio. Al mismo tiempo, se busca un diálogo con el Gobierno Central para definir el rol de la participación ciudadana en la gestión de lo público y se identificarán los principales nudos críticos para trabajar en la consolidación de capacidades que favorezcan la cristalización de acciones coherentes con los requerimientos planteados.

El proceso está afianzándose para que los cambios den un paso más allá de la esfera discursiva y, aunque varios retos aún deben ser superados, la ventaja de contar con actores empoderados gracias a una estrategia enfocada en una agenda realista, hará la diferencia a la hora de generar acciones eficaces. La importancia de una Hoja de Ruta es clara, abre la oportunidad de que los diferentes grupos tengan una sola voz para compartir buenas prácticas y experiencias exitosas, retroalimentar y alinear la implementación de la política pública, gestionar la apertura de espacios interinstitucionales, y plantear nuevos roles en temas como: la reactivación económica, libertad de expresión, sostenibilidad de las políticas públicas, la recuperación de espacios ciudadanos de observancia y control social, entre otros. En palabras de uno de los beneficiarios de este proceso: “Necesitamos continuar y comunicar para que todos puedan visualizar el futuro. En vez de una puerta cerrada queremos el diálogo, porque somos el inicio de una generación libre, participativa, justa y solidaria”.