El Proyecto Europeo de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación convoca una mesa redonda con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en torno a los delitos contra el honor

La utilización de procesos civiles y penales contra periodistas por presuntos delitos de injurias y calumnias —conocidos como delitos contra el honor— continúa representando una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en América Latina.
Con el objetivo de analizar este fenómeno y conocer las iniciativas impulsadas para despenalizar estos delitos, el Proyecto de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, financiado por la Unión Europea, organizó el martes 23 junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), una mesa redonda sobre esta temática en paralelo a la 56.ª Asamblea General de la OEA.
El encuentro reunió a 20 participantes de los cuatro países que integran el proyecto, entre ellos magistrados y jueces, representantes de defensorías del pueblo, diputados y exdiputados impulsores de reformas legislativas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y directores de medios de comunicación.
Como punto de partida para la discusión, Giselle Boza, profesora y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentaron un panorama regional que evidencia no solo el incremento de demandas civiles contra periodistas —que generan costos económicos y desgaste emocional—, sino también nuevas formas de regulación de la expresión en entornos digitales mediante normas sobre “odio”, “ciberdelitos” y otras figuras que podrían afectar expresiones críticas de periodistas y de la ciudadanía en general.
Durante el diálogo también se destacó el caso de Costa Rica, que a inicios de 2026 reformó su Ley de Imprenta de 1902, eliminando sanciones que contemplaban hasta 120 días de arresto por injurias y calumnias. Sin embargo, los participantes coincidieron en que este avance aún no refleja una tendencia regional.
En varios países persisten demandas contra periodistas y medios de comunicación por montos desorbitados que pueden comprometer la sostenibilidad de los medios y generar efectos inhibitorios sobre el debate público, promoviendo prácticas de autocensura.
La Embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, destacó: “Es fundamental que los periodistas puedan ejercer su labor libremente, sin miedo a las repercusiones; solo así podrán cumplir su rol como guardianes de la verdad y defensores del derecho ciudadano a saber”.
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que la posición sostenida por la CIDH ha sido consistente: “La recomendación es sencilla: descriminalizar”. Asimismo, advirtió que “la irrupción de la tecnología” representa nuevos desafíos relacionados con mecanismos directos de censura, lo que plantea la necesidad de fortalecer los estándares de los operadores de justicia para responder a estos conflictos entre libertad de expresión y protección al honor.
“La prioridad va a seguir siendo la eliminación de los delitos contra el honor, que aún persisten en varios países de la región”, enfatizó el Relator.